La Paz 29 de octubre 2022,
Señor:
Luis Arce Catacora
Presidente Estado Plurinacional de Bolivia
Atención David Choquehuanca
Vicepresidente Estado Plurinacional de Bolivia
Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Ref.: Anulación inmediata del acuerdo entre FECOMAN, Sernap y MMAyA para ingresar a destruir las APs Madidi, Cotapata y Apolobamba.
Señores:
Ante el acuerdo estatal irresponsable, abusivo e inconstitucional de modificación de Planes de Manejo y re zonificación de nuestras Áreas Protegidas Nacionales para el capricho minero, lo que significa un potencial desastre para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecosistémico, además de impulsar el genocidio de los pueblos indígenas ya afectados por la minería y un gran atentado a la salud pública de las y los bolivianos.
Ante el incumplimiento de lo establecido en él Convenio de Minamata y el compromiso por reducir uso de mercurio en todo tipo de actividades, incluida la minería, a pesar de haber recibido fondos por más de 5 millones de dólares de la cooperación internacional para elaborar un plan e implementarlo.
Ante la afrenta desmedida de impulsar la minería en áreas protegidas como la firma del acta del 13 de septiembre de 2021 entre el director ejecutivo del SERNAP, Teodoro Mamani y la ex directora de la AJAM Brenda La Fuente, donde acordaron “proseguir” los trámites y “recurrir a todos los medios necesarios” para que los cooperativistas con “derechos preconstituidos” legalicen la extracción de oro en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba. Viabilizando 93 trámites de operaciones mineras en las tres áreas protegidas.
Ante lo mencionado como sociedad civil organizada, plataformas, colectivxs, investigadores, científicos comprometidos con la defensa de todas las formas de vida, los derechos constitucionales de la Madre Tierra y de los Pueblos Indígenas, rechazamos y enunciamos:
PRIMERO: Rechazamos enfáticamente las políticas de incentivo al sector de la minería aurífera, por atentar contra los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra en tanto los procesos de consulta y el cuidado del medio ambiente.
SEGUNDO: Denunciamos que las cooperativas mineras auríferas están vulnerando los siguientes derechos de lxs bolivianos y pueblos de la Amazonía: a la Salud; a vivir en un medio ambiente sano; al agua; a la consulta previa, libre e informada; al territorio, y; a la libre determinación.
TERCERO: Rechazamos que el gobierno permita a los mineros auríferos tributar en un 4,8% del valor bruto, en tanto que un ciudadano común debe pagar el 15,5%.
CUARTO: Rechazamos la inacción de gobierno ante el envenenamiento sistemático que los cooperativistas realizan con el uso de mercurio sobre los ríos y los habitantes de los pueblos de la Amazonía. Envenenamiento con altas concentraciones de mercurio que han llegado ya a las ciudades de El Alto, La Paz, Lago Titicaca, cuenca del Río Katari, cuencas del Río Mamoré, Iténez y varios ríos de la cuenca del Plata. Esto ha sido denunciado incluso por el Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos negamos a ser la Minamata de Sudamérica.
QUINTO: Denunciamos que el negocio del comercio de mercurio, minería legal, ilegal y artesanal va adquiriendo características propias del crimen organizado. con la complicidad de autoridades que no hacen nada por regularlo.
SEXTO: Denunciamos la complicidad del Estado con el poder minero que tiene al país secuestrado porque desde el 2018 se rechazan múltiples peticiones de informes y se bloquea cualquier propuesta de ley o normativa que controle la desbordante contaminación, abusos y destrucción causada por la minería. La Ley Minera N° 535 no es suficiente para cumplir con el “objeto de regular las actividades minero metalúrgicas […] de manera responsable, planificada y sustentable” (Ley 535; Art. 1), lo mismo que la AJAM y el SERNAP para cumplir con los valores del Estado Plurinacional definidos en el Art. 8, parágrafo II de la Constitución. La magnitud de los daños para el futuro de los pueblos de la Amazonía boliviana, particularmente la de los pueblos indígenas, muestran que la minería aurífera está fuera del control en Bolivia.
SÉPTIMO: Denunciamos que la minería cooperativizada no funciona según lo establecido en la Ley de Cooperativas, porque explota a sus trabajadorxs, en un gran número jóvenes, mujeres y niños, que ante un Estado ausente de incentivos laborales sustentables recurren a estas actividades.
OCTAVO: Denunciamos que detrás de la minería se está reproduciendo una lógica social perversa, donde estos personajes, en su mayoría varones, creen tener el derecho absoluto a invadir comunidades, territorios y ciudades con dinamita, mercurio y violencia sistémica ecocida. No es raro que la actividad minera cooperativista haya generado un circuito de trata de personas y prostitución. Estamos frente a la construcción de un colonizador local cómplice de las corporaciones mineras internacionales.
NOVENO: Denunciamos que los planes de minería de oro descontrolada, combinada con hidroeléctricas, fracking y carreteras fomentadas por capitales extranjeros en las APs son muerte y crisis a corto plazo. NO SON DESARROLLO NI BIENESTAR.
La minería cooperativizada no puede ser considerada como una actividad “productiva social” (CPE, Disposición Transitoria Octava, parágrafo IV); ya que sus impactos negativos en la salud y los ecosistemas limitan seriamente el desarrollo de las actividades productivas agropecuarias y pesqueras en toda la Amazonía Norte de Bolivia. Por lo tanto, los derechos pre-constituidos de las cooperativas auríferas no debieran recibir reconocimiento ni respeto alguno por parte del Estado, puesto que actualmente estas operaciones van en contra de los fines definidos en la Constitución Política del Estado (Art. 9).
La defensa de la Madre Tierra no es una cuota política para acceder a fondos o un estorbo, es la última frontera antes de la extinción. Por lo tanto, no vamos a permitir que se sigan modificando los Planes de Manejo y la zonificación de las Áreas Protegidas Nacionales para favorecer sectores extractivistas.
A nosotrxs sí nos importa lo que está sucediendo con nuestras hermanas y hermanos Esse Eja, Uchupiamonas, Mosetenes, Tacanas, Chimanes, Lecos y con sus territorios.
Sí nos importa la situación de abandono y presión que viven los guardaparques en este país, producto del nepotismo de la institucionalidad gubernamental.
Sí nos importan las millones de especies que viven cada día más cercadas y envenenadas con el permiso de un gobierno que fomenta el extractivismo capitalista y decadente, que se ha desconectado de la naturaleza por su ambición sin límites. Nos preocupa la destrucción de la Amazonía Boliviana, por eso frente a ello nos pronunciamos:
1. Exigimos al Gobierno parar el impulso a la minería aurífera que está atentando a uno de los ecosistemas más sensibles de Bolivia, que es parte de los ciclos de recarga natural de agua.
2. Exigimos al Gobierno crear un plan sustentable de protección para la región amazónica boliviana que garantice tanto la remediación de las zonas afectadas, como desarrollar políticas que lleven al añorado “vivir bien” de los pueblos que la habitan.
3. Exigimos al gobierno revertir las concesiones mineras en áreas protegidas y declarar emergencia ambiental en los ríos afectados por la minería.
4. Exigimos al gobierno que respete y haga respetar la Constitución Política del Estado y las leyes sectoriales sobre los Derechos de la Madre Tierra y el Convenio de Minamata. Preservando la esencia de los mandatos constitucionales, protegiendo la base fundamental para el sustento de nuestra existencia, poniendo ante todo la defensa de la vida.
ANTE TODO LO EXPUESTO RESOLVEMOS:
1. Exigir la anulación inmediata del acta y acuerdos del 27 de octubre del 2022 entre FECOMAN, Sernap y MMAyA para ingresar a destruir las APs Madidi, Cotapata y Apolobamba.
2. Exigimos la DESTITUCIÓN INMEDIATA de Teodoro Mamani como director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y de Magín Herrera Lopez, Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, por haber incumplido flagrantemente sus funciones para defender las áreas protegidas en el país.
3. Resolvemos iniciar movilización permanente en coordinación con los pueblos indígenas, comunidades y ciudades afectadas.
4. Resolvemos iniciar acciones legales de defensa legal.
¡NUESTRO DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y LA SALUD NO SE NEGOCIAN!
Fuente: AnulaciónAcuerdosMinerosYA #SOSareasprotegidasBolivia #PlanMinamataYA